𝗗𝗶𝗽𝘂𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗮𝗽𝗿𝗼𝗯𝗼́ 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝗮 𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗲𝘀𝘁𝗲́𝗻 𝗶𝗻𝗵𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗴𝗼𝘀 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼

Por unanimidad, la Cámara baja aprobó con media sanción el proyecto impulsado por el Bloque del Frente de Todos y por el cual se establecen las Inhabilidades Constitucionales para el ejercicio de la Función Pública. El proyecto apunta a garantizar la aptitud y habilidad moral y ética de todos los funcionarios de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) ya que inhabilita a la función pública a las y los ciudadanos que hayan sido condenados a pena privativa de la libertad (aunque el cumplimiento sea en suspenso), y/o inhabilitación en primera instancia y, confirmada la sentencia en segunda instancia, hasta tanto sea cumplida la pena o revocada.

Al debate se sumó la voz de Gustavo Aguirre (FT) quien indicó que “hoy estamos dando un mensaje, todos los partidos políticos aquí representados estamos aprobando un proyecto que se originó como una iniciativa ciudadana y que tras un profundo análisis se lo dotó de profundidad, la amplitud y el alcance que se necesita para dar una respuesta institucional contundente desde esta Cámara”. Alejandro Páez (UCR-JPC) valoró que el proyecto transparente “la política y que los ciudadanos que quieran ocupar un cargo público lleguen cumpliendo con todas las normas legales” mientras que José Sosa (UCR-JPC) destacó que es “bocanada de aire fresco para las instituciones democráticas a la provincia”. También participó del debate Luis Lobo Vergara (UCR-JPC) y la presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero (FT) quien resaltó el avance cualitativo que implica el proyecto aunque evaluó que deberá ser complementado con otras iniciativas. Sobre el cierre, tanto Ramón Figueroa Castellano (FT) como Hugo Ávila (FAC) expresaron su beneplácito a la iniciativa.