La justicia comenzó a investigar los mil millones de pesos de sobresueldos en la Armada

El fiscal federal Ramiro González inició formalmente una causa judicial para investigar la denuncia de la Armada Argentina sobre el pago de mil millones de pesos en sobresueldos a 23 personas, algunas de ellas sin vínculo con la institución. Este viernes solicitó las primeras medidas de prueba.

Entre las acciones solicitadas se encuentran pedidos de informes a la Armada y al Banco de la Nación Argentina, la declaración de testigos y una pericia informática, según fuentes judiciales consultadas por Clarín. Ahora será el juez federal Sebastián Ramos quien deberá resolver si las ordena.

La Armada denunció el martes pasado que, tras una auditoría interna, detectó que entre julio de 2022 y enero de este año se pagaron 981.148.567,88 pesos en sobresueldos a 23 personas mediante 645 acreditaciones bancarias. La maniobra se descubrió inicialmente con cinco casos en la liquidación de sueldos de enero, lo que llevó a revisar períodos anteriores.

La operación irregular, que abarcó los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, consistía en modificar los registros y archivos de acreditaciones de pagos realizados por el Banco de la Nación Argentina una vez liquidados los sueldos. Estas modificaciones incluían importes superiores a los que figuraban en los recibos.

La denuncia fue presentada por el capitán de navío y jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio. El principal acusado es Ariel Atanasoff, también capitán de navío y jefe del Departamento Revista, cuyo relevo preventivo fue dispuesto junto con otras personas involucradas por el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

El Departamento Revista es responsable de la liquidación de sueldos. Ante las consultas de la Armada, Atanasoff admitió modificar personalmente el sistema para pagar sumas mayores con el fin de ayudar económicamente al personal. Sin embargo, también se descubrió que su esposa, María del Carmen Prieto, cobró 152.259.495,86 pesos en 46 acreditaciones sin tener ningún cargo en la institución.

La Armada informó que el 44% de los casi mil millones de pesos en sobresueldos fue recibido por solo cuatro personas sin vínculo con la fuerza, entre ellas la esposa de Atanasoff. Las otras tres recibieron entre 90 y casi 100 millones de pesos cada una.

Otro caso destacado es el del capitán de corbeta Roberto Castro, quien cobró su sueldo por un cargo en el exterior y también como si trabajara en el país, situación que el sistema debería bloquear automáticamente. Además, su esposa, que trabaja como civil en la fuerza, cobró haberes mientras estaba de licencia sin goce de sueldo. Castro fue jefe de Liquidaciones hasta abril de 2023.

Desde el descubrimiento de la maniobra, la Armada informó que algunas personas devolvieron 42 millones de pesos y que se modificó el área encargada de las acreditaciones salariales.

Este viernes, Castro Maggio se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ratificar la denuncia, acompañándola con informes financieros, planillas de transferencias de sobresueldos, comunicaciones con el Banco Nación y actuaciones internas contra los acusados, junto con su informe final.

Con estos elementos, el fiscal González presentó el requerimiento de instrucción para formalizar la causa. En el escrito detalló los nombres de 24 personas a investigar, entre ellas Atanasoff y su esposa. La mayoría son capitanes de corbeta, un suboficial primero, personal retirado y civiles que han trabajado o trabajan en la fuerza, casi todos vinculados al Departamento Revista bajo la dirección de Atanasoff. También incluye a cuatro personas sin relación con la Armada.

Atanasoff se presentó a la justicia con un abogado para ejercer su defensa y tener acceso a la causa.

En su requerimiento, el fiscal González explicó que la investigación busca determinar las circunstancias en que se modificaron los registros y archivos utilizados para la acreditación de haberes de la Armada entre julio de 2022 y enero de 2026, identificar a los responsables de su generación, modificación, control y transmisión al Banco de la Nación Argentina, y precisar el mecanismo por el cual se incorporaron acreditaciones sin respaldo en las liquidaciones aprobadas.

Asimismo, señaló que debe establecerse el perjuicio patrimonial causado al Estado Nacional y el grado de participación de las personas beneficiarias, funcionarios, agentes o terceros involucrados en la maniobra.

Para avanzar, solicitó al juez Sebastián Ramos cuatro medidas de prueba: que la Armada entregue copias de los legajos personales de los involucrados y la nómina del personal que trabajó en el Departamento Revista entre julio de 2022 y enero de 2026; que declare como testigo Mauricio Borda, capitán de corbeta contador y jefe de la División Contabilidad Presupuestaria, quien participó en la auditoría del caso; que el Banco Nación informe todas las acreditaciones realizadas a las personas involucradas y remita los registros u órdenes de pago recibidas de la Armada; y que se realice una pericia informática sobre los equipos desde donde se solicitaron los pagos para identificar los usuarios que accedieron y los registros que fueron alterados. La Armada confirmó que esos equipos fueron resguardados.