Denuncian «desvíos técnicamente indefendibles» en la ANDIS: sobreprecios de hasta 1.972% y productos importados de menor durabilidad que los nacionales

El Ministerio de Salud y Alejandro Vilches, exsecretario de Discapacidad, presentaron ante la Justicia una serie de documentos que revelan que la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) pagó insumos a precios hasta un 1.972% superiores a los abonados por otras entidades públicas, como el PAMI. Además, se detectaron pagos duplicados, adquisición de productos importados con mayor costo y menor durabilidad que similares nacionales, así como supuestos errores de categorización técnica.

En el escrito oficial se denuncia la existencia de “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”. La investigación, difundida por *La Nación*, incluye informes técnicos sobre compras realizadas por la ex ANDIS, firmados entre octubre de 2025 y abril de 2026, poco después de que estallara el escándalo por audios atribuidos al exdirector de la entidad, Diego Spagnuolo.

El primer documento detalla compras específicas de válvulas pulmonares, prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas y un neuroestimulador. El segundo informe amplía el análisis a insumos ortopédicos, referencias de mercado obtenidas por el equipo de Discapacidad y presuntos errores administrativos.

En octubre de 2025, Vilches había señalado que su intervención se centraba en analizar documentación y procedimientos para detectar posibles irregularidades, señalando observaciones que “podrían configurar apartamientos a las normas”.

Uno de los casos destacados incluye un pago a Farma Salud por $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter, realizado en julio de 2025. En comparación, el PAMI adquirió el mismo sistema en marzo de 2025 por un valor unitario de $124,2 millones, menos de un tercio del precio abonado por la ex ANDIS.

También se detectaron diferencias del 711% en la compra de endoprótesis y válvulas pulmonares autoexpandibles a Farma Salud, en relación con precios pagados por el PAMI a otros proveedores. En el caso de los implantes cocleares adquiridos a Droguería Floresta, el precio promedio por unidad fue de US$ 62.613, frente a un valor unitario de US$ 12.125 en una compra similar realizada en septiembre. La referencia de mercado para este insumo rondaba los US$ 16.975, lo que implica un sobreprecio de 269% por encima del precio estimado.

El informe también señala irregularidades en seis facturas emitidas por la proveedora Indecomm a la ex ANDIS en noviembre, una de las cuales, por $28,7 millones, habría sido abonada en dos oportunidades.

Entre otras irregularidades figura la compra de un neuroestimulador cuyo precio excedió en un 219% los valores de mercado. Neurosalud habría recibido $132,4 millones por ese dispositivo en junio de 2025, mientras que el PAMI adquirió el mismo neuroestimulador en mayo por $41,5 millones por unidad.

Un segundo informe, firmado en abril de 2026, registra “errores de categorización técnica” relacionados con la facturación de unidades C01 a precios entre $11 y $14,9 millones, cuando para esas patologías correspondían unidades D01 con Tilt, cuyo valor de referencia es sustancialmente inferior, entre $1,3 y $2,3 millones. La denuncia destaca que los requerimientos terapéuticos podían haberse cubierto con equipamiento nacional, que ofrece “superior durabilidad y ajuste anatómico” a un costo menor. Se advirtió que la utilización sistemática de módulos importados con sobreprecios entre 300% y 1000% carece de respaldo clínico y financiero.

Asimismo, se consignó el caso de un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis para amputación. Si bien en la documentación constaba un remito firmado por la madre del beneficiario que certificaba la entrega, se determinó que dicha firma fue obtenida “bajo inducción a error al momento de la toma de medidas” y no representaba la recepción material del bien.

El informe también incluye una factura por un andador con un presunto sobreprecio del 4.239%. Sin embargo, desde Ortopedia Bernat informaron que esa factura no estaba abonada hasta mayo y explicaron que, en ese caso particular, se contempló un modelo más sofisticado, pero se entregó uno más sencillo, mientras que el proceso administrativo continuó y se facturó el precio adjudicado, no el del producto entregado.

La investigación judicial incorporó estos informes y un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también detectó diferencias de precios, incluso entre licitaciones internas de la ANDIS. En base a ello, el fiscal federal Franco Picardi orientó la acusación hacia un sistema de licitaciones presuntamente limitado, con menor cantidad de oferentes, distinto al sistema de compulsas recomendado por las autoridades.