Trasladaron a Sergio Urribarri al penal de Gualeguaychú: cómo es la granja carcelaria donde cumplirá su condena

Cuatro años después de su primera condena en Paraná, en la madrugada de este viernes, el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue trasladado bajo estricta custodia del Servicio Penitenciario Provincial hasta la granja penal de la ciudad de Gualeguaychú, donde deberá cumplir su condena por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Urribarri, de 67 años, no ingresó solo al penal. Lo acompañaron su exministro de Cultura, Pedro Báez, y su cuñado, el expresidente del Partido Justicialista entrerriano, Juan Pablo Aguilera, quienes fueron condenados a seis años y medio de prisión por los mismos delitos.

Según lo establecido por el fallo de la Corte Suprema, que después de dos años de apelaciones confirmó las condenas, Pedro Ángel Báez finalizará su sentencia en mayo de 2031, Juan Pablo Aguilera en enero de 2033, y Sergio Urribarri deberá cumplir la totalidad de su condena hasta el 15 de julio de 2034.

Cerca de las 4:30 de este viernes, los tres fueron trasladados desde la Unidad Penal 1 de Paraná hasta Gualeguaychú, llegando alrededor de las 8 para su ingreso definitivo a la Unidad Penal 9, conocida como El Potrero, según fuentes vinculadas a la causa citadas por la prensa local.

La denominada megacausa de corrupción en Entre Ríos se originó en maniobras delictivas iniciadas en 2010, cuando estaban al frente del Gobierno, mediante un esquema de desvío de millones de pesos de fondos públicos hacia empresas de Aguilera, bajo la apariencia de contratos de publicidad gestionados por la Provincia.

Por este motivo, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, debido a las maniobras con contratos fraudulentos, que incluyeron, entre otras acciones, la promoción de una Cumbre del Mercosur y un parador promocional durante la temporada veraniega en Mar del Plata.

Por su parte, Báez y Aguilera recibieron penas de seis años y seis meses de prisión efectiva, uno por negociaciones incompatibles y peculado ostentando el cargo de ministro, y el otro como autor material de los delitos compartidos.

La llegada de Urribarri a la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, también llamada Granja Penal El Potrero, se produjo apenas dos días después de una fuerte protesta de los 130 internos del Módulo C, quienes realizaron un ayuno colectivo para reclamar mejoras en las condiciones de alojamiento.

El penal, ubicado sobre la ruta 136 en el kilómetro 26, cuenta con un moderno Centro Operativo de Monitoreo (COdM), que refuerza la seguridad mediante vigilancia en tiempo real de áreas críticas. Esta tecnología incluye domos de alta definición, cámaras estratégicamente ubicadas y un dron de observación táctica, asegurando cobertura y trazabilidad las 24 horas.

Este sistema, instalado hace un año, permite prevenir incidentes, gestionar situaciones críticas en tiempo real, generar evidencia objetiva para la protección de derechos, supervisar controles sanitarios y monitorizar la vigilancia perimetral.

Además, el penal se distingue por su taller de confección de pelotas de fútbol, instalado en la biblioteca, una iniciativa que surgió a partir del conocimiento de un interno y se replicó en otras cárceles.

Su característica más relevante es que, orientado a la reinserción laboral, dispone de un área de granja con una sala de faena de ovinos y varios talleres productivos. En esta granja se crían animales como cerdos, ovejas y gallinas, y los internos pueden participar en faena, producción de alimentos y actividades en la panadería que abastece al penal. También se ofrecen talleres de albañilería, carpintería, tapicería y costura.

Este centro penitenciario es el segundo más antiguo del país y alberga cerca de 500 reclusos, distribuidos en diez pabellones para varones y uno para mujeres.

Los internos se alojan en diferentes sectores según los tipos de causas penales que enfrentan. El modelo institucional se basa en la reinserción social a través del trabajo, según las autoridades penitenciarias locales.